COMPROMISOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (C2, R7). PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE
Consejo Ministros, 26 marzo 2024 El Consejo de Ministros ha aprobado el texto para la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, para su tramitación en las Cortes Generales, con el fin de “dar seguridad jurídica” y “evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
El 13 de diciembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con el objetivo de adaptar la normativa urbanística a los principios de la Agenda Urbana Española, fomentando un desarrollo urbano sostenible, integrado e inclusivo. El texto que ahora se va a reactivar decayó en la anterior legislatura y no llegó a comenzar su tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales.
Certeza y seguridad jurídica
Mediante el texto aprobado por el Consejo de Ministros se propone una reforma legislativa que dote a estos importantes instrumentos de planificación territorial y urbanística de la estabilidad, certeza y seguridad jurídica que demandan, porque los planes urbanísticos son una herramienta imprescindible para el desarrollo de pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, la política de vivienda, la generación de empleo y, en general, la economía nacional.
El texto legal se plantea, esencialmente, para aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica.
Por ello, las razones que motivan la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana son esencialmente las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística, con especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad, todos ellos aspectos de competencia exclusiva del Estado.
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